"En Perú, (los policías) marchan como nazis, contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos", señaló el mandatario. Y agregó que dicha convención "no se aplica solo a gobiernos de izquierda". "Doble moral el que hace eso. Se aplica a todos los gobiernos y esa es nuestra postura".
Sus palabras causaron mucho revuelo e indignación en el congreso peruano, motivo por el cual este viernes 17 de febrero, decidió declarar al presidente Petro como persona non grata y solicitó a las autoridades garantizar “las acciones necesarias” para no permitir el ingreso del mandatario al territorio nacional.
La moción que planteó esta medida fue aprobada el pasado martes por la Comisión de Relaciones Exteriores, que preside la diputada conservadora María del Carmen Alva, quien consideró en ese momento que las expresiones de Petro eran "lamentables, realmente vergonzosas".
La decisión recibió 72 votos a favor, 29 en contra y 7 abstenciones del pleno legislativo. La mayoría de funcionarios alegaron que el presidente colombiano ha interferido en los asuntos políticos peruanos.
Cabe destacar que, el mes pasado, el gobierno peruano había expresado mediante una carta diplomática su "enérgica protesta por un nuevo acto de injerencia" de Petro en asuntos de política interna, luego de que este se pronunciara sobre el desalojo de cientos de manifestantes en una universidad de Lima.
Al respecto, Mauricio Jaramillo, politólogo y profesor de la Universidad del Rosario, indicó que esta decisión legislativa “nos sume en una crisis con Perú” y tendrá repercusiones políticas y regionales.
Se sabe que Colombia no es el único país con quien la comisión legislativa de Perú ha tenido conflictos. Hace algunos meses, el parlamento aprobó una moción parlamentaria en rechazo a “los constantes actos de intromisión en los asuntos internos” contra Andrés Manuel López Obrador, mandatario de México.
También, declaró como persona non grata al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy y a Evo Morales, expresidente de Bolivia, por sus constantes incitaciones en la política nacional que, según el Parlamento, buscan “desequilibrar el orden interno del país”.
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